Informes médicos al servicio de la impunidad

Fuente: Directa (Álex Romaguera 10/02/2015)

A raíz del escándalo del caso 4-F, la Oficina Antifraude estudia si investiga las presuntas irregularidades en las invalideces concedidas a dos agentes de la Guardia Urbana. Víctor Bayona y Bakari Samyang, presentaron el 7 de enero una nueva petición de indulto.

La Oficina Antifraude tiene sobre la mesa un supuesto trato de favor a la Guardia Urbana de Barcelona. A instancias de la Confederación General del Trabajo (CGT), analiza si abre diligencias para averiguar una posible irregularidad en la concesión de una pensión vitalicia a Víctor Bayona y Bakari Samyang, dos de los agentes relacionados con el polémico caso 4-F. Tres detenidos en esa operación los denunciaron por malos tratos graves y amenazas.

La concesión de la invalidez absoluta a los dos agentes implicados en el caso 4-F ha levantado la sospecha de que, tras la decisión, hay un interés corporativo

En el año 2011, tanto Bayona como Samyang fueron condenados a dos años y tres meses de prisión por las torturas infringidas al ciudadano de Trinidad y Tobago Yuri Jardine. Los mismos agentes obtuvieron, en 2013, el grado de invalidez absoluta para cualquier trabajo remunerado. Gracias a ello, disfrutan de una jubilación dorada con derecho a una prestación de entre 1.600 y 1.800 euros mensuales, según apuntan fuentes sindicales del cuerpo (otras fuentes hablan de 1.800 y 2.200 euros, respectivamente). La prestación sería para toda la vida y supondría, también, el cobro de dos pagas extras. Sin embargo, y pese a que una primera petición de indulto fue denegada el año pasado, el 7 de enero de 2015, según ha podido saber la Directa, Bayona y Samyang presentaron una segunda petición de indulto. En el escrito, que está en manos del gobierno español y de la Audiencia de Barcelona piden que se anule su inhabilitación y puedan reincorporarse a la Guardia Urbana cuando salgan de la cárcel. Sorprendentemente, no hacen ninguna referencia a la pensión vitalicia que actualmente reciben, y aseguran que se encuentran en perfectas condiciones para volver a patrullar.

La CGT, la IAC y otros colectivos exigen una “revisión médica real” a los policías para que sus prestaciones sean revocadas inmediatamente

Las bajas fueron dictaminadas por el Equipo de Evaluación de Incapacidades (EAI). Este órgano, que analiza las solicitudes que llegan al Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), dio por bueno los informes psiquiátricos presentados por Bayona y Samyang. Las bajas, pero, contrastaban con los exámenes psicotécnicos que los agentes habían superado hacía poco y que los habilitaban para ejercer como policías. Según acreditaban aquellas pruebas, ninguno de ellos presentaba trastornos ni problemas evidentes que los privaran de trabajar en la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana.

Sin embargo, el tribunal médico propuso la invalidez absoluta para Bayona y Samyang. Y lo hizo a falta de escasos meses para que los agentes ingresaran en prisión de Cuatro Caminos, en cumplimiento de la pena impuesta por las torturas a Jardine. Según señala la CGT, esto evidencia “la necesidad de revisar un proceso con muchos indicios de irregularidades”. De momento y de acuerdo con el informe del ICAM, ambos policías continuarán recibiendo la pensión vitalicia cuando salgan en libertad. Por su parte, la CGT, la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) y otros colectivos exigen una “revisión médica real a los agentes”, a fin de que las prestaciones sean revocadas inmediatamente. Durante el mismo período en que, según los informes, mostraban síntomas de una profunda depresión, Samyang daba clases en un gimnasio de Sant Quirze del Vallès y Bayona gozaba de un viaje a Japón para pescar atunes.

La sombra de la sospecha

Para conceder una incapacidad absoluta con pensión vitalicia, hay que recurrir varias instancias. En primer lugar, el médico de cabecera debe derivar al paciente a un psiquiatra para que le explore y determine que sufre un trastorno mental grave. Con este informe, el interesado se dirige al Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), que a su vez traslada el caso al Equipo de Evaluación de Incapacidades (EAI), formado por especialistas de este organismo, de la Inspección de Trabajo y del Instituto Catalán de la Salud (ICS). En esta reunión, se analiza la propuesta y, en caso de ser aprobada, el ICAM la tramita a la dirección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para que le dé el visto bueno. En relación con los agentes de la Guardia Urbana, las diferentes instancias han asegurado que no ha habido disparidad de criterios, pero la celeridad con que se concedieron las bajas (habitualmente hay un seguimiento de dos años para otorgar una invalidez absoluta) y el hecho que fuera a las puertas de su ingreso en prisión ha levantado la sospecha de que, tras la decisión, hay un interés corporativo.

Un facultativo de medicina del trabajo consultado por la Directa asegura que la connivencia de los cuerpos policiales con el ICAM puede haber sido decisiva para acelerar los trámites y la razón de que Bayona y Samyang obtuvieran la baja. Otras fuentes van más allá y consideran que, otorgándoles la pensión, el Ayuntamiento ha querido comprar su silencio. Un extremo que el psiquiatra y forense Leopoldo Ortega-Monasterio, redactor de los informes que posibilitaron la asignación de las pensiones, ha negado rotundamente. Según declaró Ortega-Monasterio en El Matí de Catalunya Radio, los dos policías se “sintieron acosados” y por ello sufrieron los “trastornos psicóticos que los invalidan para seguir haciendo de policías”. En un intento de justificar su decisión, el médico también cuestionó la sentencia que, en 2011, los condenó por torturas: “Ellos entienden que hicieron un servicio en que fue necesario el uso de cierta violencia”, aseguró.

Así, mientras que el ICAM y el INSS niegan ninguna confabulación con el Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana, diferentes especialistas médicos admiten la posibilidad de esta práctica. La CGT, la Intersindical Alternativa de Cataluña y otros colectivos consideran que la baja otorgada a los policías sólo persigue ocultar los casos de torturas que, hoy más que nunca, salpican la policía de Barcelona. La Oficina Antifraude podría iniciar una investigación pronto.

El Hospital del Mar es de titularidad municipal / SERGI PUJOLAR

Hospital del Mar: operando en la indefensión

Creado en 1947, el Hospital del Mar, junto con el Hospital de la Esperanza, el Psiquiátrico y el Pere Camps- es uno de los centros médicos dependientes del Ayuntamiento de Barcelona donde la Guardia Urbana deriva las personas contusionadas en alguna intervención policial para que sean atendidas. También pasaron las detenidas del 4-F, con la sorpresa que ningún facultativa no recogió las supuestas torturas que denunciaron las afectadas después. Esta circunstancia, sin embargo, no ha extrañado las profesionales consultadas por la Directa. Según estas fuentes, la presencia diaria de agentes en el centro hospitalario genera un clima donde se mezclan el coleguismo y la presión psicológica sobre el servicio de urgencia. “Es muy difícil que un R1 o R2 -residentes de primer o segundo año- dictamine ante los agentes que los detenidos han sido torturados”, comenta un experto en rehabilitación. A su juicio, “los residentes saben que, si cuestionan el trabajo de la Guardia Urbana, se pueden estar jugando la plaza, aún más cuando se trata de un hospital que depende del Ayuntamiento”. En relación a esto, hay que recordar que Joan Clos fue gerente del Hospital del Mar antes de ser nombrado alcalde, pertenecía al sector del PSC conocido como “los médicos”. A los miedos de las facultativas a la hora de tratar a las personas lesionadas por la policía, hay que añadir los déficits del protocolo que este cuerpo aplica a las personas que tiene bajo custodia. “Nos parece muy insuficiente y ya hemos reclamado que se mejore el contenido”, explica un delegado del sindicato de trabajadoras públicas CATAC en el Hospital del Mar. Tanto esta organización como la CGT han trasladado a la dirección del centro su enojo ante la indefensión en que se encontraron las detenidas del caso 4-F durante su paso por las urgencias de este centro.

El doctor Leopoldo Ortega-Monasterio durante una entrevista con Mònica Terribas / CCMA

Ortega-Monasterio, un forense investigado por falso testimonio

Doctor en medicina por las universidades de Barcelona y Lausana, Leopoldo Ortega-Monasterio fue el encargado del Equipo de Evaluación de Incapacidades que redactó las bajas a los dos agentes de la Guardia Urbana condenados por torturas. Si bien ha justificado el dictamen, el caso es que algunas voces califican su decisión de imparcial y motivada por presiones corporativas y políticas, ya que los dos policías habían superado los test psicotécnicos para ejercer como antidisturbios.

No es la primera vez que Ortega-Monasterio se encuentra en el punto de mira para actuar, presuntamente, de manera irregular. En julio de 1988, el veterano psiquiatra y experto en medicina legal y forense fue investigado por la Audiencia de Barcelona por un presunto delito de falso testimonio. Ortega-Monasterio había asegurado, en un informe, que Antonio Sánchez Carrascosa, condenado por un robo con intimidación, tenía las facultades mentales trastornadas porque era toxicómano, aunque el acusado había declarado en el juzgado de guardia que nunca había tomado drogas. Finalmente, el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona se hizo cargo del caso y, en abril de 1989, decidió archivar las diligencias abiertas contra el médico forense.

Conocido por haber militado en el partido Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez o por participar como forense en la defensa del empresario José María Ruiz-Mateos, Ortega-Monasterio fue uno de los oradores de la concentración que organizó la plataforma españolista sociedad Civil Catalana (SCC) el 12 de octubre pasado. Ahora, se le vuelve a poner en entredicho por unos informes que según la CGT podrían vulnerar la ética profesional.

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